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​La contratación ilegal de trabajadores es una práctica que puede acarrear serias consecuencias legales para las empresas en España. Este tipo de acciones no solo vulneran los derechos de los trabajadores, sino que también pueden derivar en sanciones administrativas y condenas penales muy graves (entre 6 meses y 6 años de prisión).

El contrabando de bienes regulados a través de empresas es una actividad delictiva, es decir, se considera un delito, al menos en España. Consiste en importar, exportar o comercializar productos sujetos a restricciones legales evadiendo controles aduaneros y fiscales.

La preocupación por el medio ambiente ha llevado a crear certificaciones ambientales que garantizan que empresas y productos están cumpliendo con los estándares ecológicos exigidos. El Código Penal español regula la falsificación documental, y por tanto la falsificación de certificaciones medioambientales, en sus artículos 390 a 399 ter. Este tipo delictivo está castigado con penas de prisión y multas para aquellos que alteren, creen o utilicen documentos falsos.

Lo primero que tenemos que indicar y dejar muy claro es que, la alteración de precios en concursos y subastas públicas es un delito. Un delito que afecta la transparencia y la libre competencia en este tipo de procesos de concesiones y enajenación de bienes de la administración pública.

El cohecho internacional es un problema grave para las empresas que operan de forma transnacional. Se da cuando una empresa soborna a un funcionario extranjero para obtener ventajas comerciales, como la adjudicación de contratos o permisos de operación. El cohecho internacional es un problema grave para las empresas que operan de forma transnacional. Se da cuando una empresa soborna a un funcionario extranjero para obtener ventajas comerciales, como la adjudicación de contratos o permisos de operación.

Imagina lo siguiente, tu empresa lleva meses trabajando en un proyecto revolucionario. De repente, un competidor lanza algo idéntico… ¿casualidad? No. Es probable que hayas sido víctima de espionaje industrial, un delito que afecta a cientos de empresas en España.

Una de las mayores preocupaciones de los empresarios es la posibilidad de tener que enfrentarse a responsabilidades penales si se demuestra que han incumplido las normas de seguridad laboral.

El fraude fiscal implica ocultar o manipular información económica para evadir el pago de impuestos. Las empresas pueden incurrir en este delito mediante prácticas como facturas falsas, subdeclaración de ingresos o uso indebido de beneficios fiscales. 

El blanqueo de capitales es un delito grave. Está contemplado y regulado en el artículo 301 del Código Penal español. Si tienes una empresa y esta se enfrenta a una acusación por este tipo de delito, es esencial que actúes con rapidez, pero también con la precaución que solo aporta la experiencia y la especialización.

Cuando un trabajador sufre un accidente laboral grave, no solo se enfrenta a las consecuencias físicas y emocionales, sino que también puede abrirse un proceso judicial para determinar si la empresa tiene responsabilidad penal.