¿Qué funciones tiene el Ministerio Fiscal en un proceso penal?
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¿Qué funciones tiene el Ministerio Fiscal en un proceso penal?
El Ministerio Fiscal es un órgano regulado por la Constitución Española que se integra, con autonomía en relación con sus funciones, en el Poder Judicial. En este artículo vamos a analizar sus funciones en el proceso penal.
¿Qué es el Ministerio Fiscal?
Como decíamos anteriormente, el Ministerio Fiscal es un órgano que se regula en la Constitución Española, en concreto en el artículo 124 y que tiene como función principal promover la acción de la justicia y la defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público. Puede actuar de oficio o a solicitud de las personas interesadas.
El artículo 124 establece en su apartado primero establece lo siguiente:
1. El Ministerio Fiscal, sin perjuicio de las funciones encomendadas a otros órganos, tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.
Funciones del Ministerio Fiscal
La Constitución Española define la función genérica del Ministerio Fiscal y el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal describe sus funciones específicas que son las siguientes:
1. Velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes ejercitando las acciones, recursos y actuaciones pertinentes.
2. Ejercer cuantas funciones le atribuya la ley en defensa de la independencia de los jueces y tribunales.
3. Velar por el respeto de las instituciones constitucionales y de los derechos fundamentales y libertades públicas con cuantas actuaciones exija su defensa.
4. Ejercitar las acciones penales y civiles dimanantes de delitos.
5. Intervenir en el proceso penal, instando de la autoridad judicial la adopción de las medidas cautelares que procedan y la práctica de las diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos o instruyendo directamente el procedimiento en el ámbito de la Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, pudiendo ordenar a la Policía Judicial aquellas diligencias que estime oportunas.
6. Tomar parte, en defensa de la legalidad y del interés público o social, en los procesos relativos al estado civil y en los demás que establezca la ley.
7. Intervenir en los procesos civiles que determine la ley cuando esté comprometido el interés social o cuando puedan afectar a personas menores, incapaces o desvalidas.
8. Mantener la integridad de la jurisdicción y competencia de los jueces y tribunales, promoviendo los conflictos de jurisdicción y, en su caso, las cuestiones de competencia que resulten procedentes, e intervenir en las promovidas por otros.
9. Velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social.
10. Velar por la protección procesal de las víctimas y por la protección de testigos y peritos, promoviendo los mecanismos previstos para que reciban la ayuda y asistencia efectivas.
11. Intervenir en los procesos judiciales de amparo, así como en las cuestiones de inconstitucionalidad en los casos y forma previstos en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional.
12. Interponer el recurso de amparo constitucional, así como intervenir en los procesos de que conoce el Tribunal Constitucional.
13. Ejercer en materia de responsabilidad penal de menores las funciones que le encomiende la legislación específica, debiendo orientar su actuación a la satisfacción del interés superior del menor.
14. Intervenir en los supuestos y en la forma prevista en las leyes en los procedimientos ante el Tribunal de Cuentas. Defender, igualmente, la legalidad en los procesos contencioso-administrativos y laborales que prevén su intervención.
15. Promover o, en su caso, prestar el auxilio judicial internacional previsto en las leyes, tratados y convenios internacionales.
16. Ejercer las demás funciones que el ordenamiento jurídico estatal le atribuya.
En definitiva, el Ministerio Fiscal tiene una importante función jurisdiccional para garantizar la legalidad.
Si necesitas ayuda en un proceso penal, no dudes en contactar con nosotros y te asesoraremos.