Delito de prevaricación: definición, pena y requisitos
Imagina el siguiente caso: una persona se presenta a un examen de una oposición. No lo hace bien, pero el funcionario que publica los resultados le incluye en la lista de aprobados de forma premeditada. En este caso, estamos ante un delito de prevaricación. Te contamos en qué consiste, qué pena tiene y qué requisitos se deben cumplir.
¿Qué es el delito de prevaricación?
El delito de prevaricación es un delito que se comete por una autoridad o servicio público y existen diversos tipos.
Delito de prevaricación de funcionario público
Se regula en el artículo 404 del Código Penal que establece lo siguiente:
A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años.
Se trata de un caso en el que el funcionario público actúa con abuso de autoridad.
En el artículo 405 del Código Penal se regula otro caso en el que también se produce prevaricación:
A la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de su competencia y a sabiendas de su ilegalidad, propusiere, nombrare o diere posesión para el ejercicio de un determinado cargo público a cualquier persona sin que concurran los requisitos legalmente establecidos para ello, se le castigará con las penas de multa de tres a ocho meses y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de uno a tres años.
En este caso se nombra a una persona para ocupar un cargo público de forma ilegal.
Delito de prevaricación de juez o magistrado
Existe otro tipo de prevaricación que se comete por un juez o magistrado que, a sabiendas, dicta una sentencia o una resolución injusta. Este tipo de prevaricación se regula en el artículo 446 del Código Penal.
Las penas, en este caso, varían en función del tipo de delito contemplado en la sentencia:
- Prisión de 1 a 4 años. Si se trata de sentencia injusta por delito grave o menos grave y la sentencia no hubiera llegado a ejecutarse, y con la misma pena en su mitad superior y multa de doce a veinticuatro meses si se ha ejecutado. Además, se impondrá la inhabilitación absoluta por tiempo de diez a veinte años.
- Multa de 6 a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público por de 6 a 10 años. Para el caso de una sentencia injusta por delito leve.
- Multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público de 10 a 20 años. Esta pena es para el caso de otro tipo de resolución o sentencia que sea injusta.
En definitiva, son casos en los que se producen resoluciones injustas por parte de un funcionario público y es bastante habitual ver en la prensa casos de este tipo. En todos los supuestos es necesaria la intervención de un abogado penalista que pueda analizar el caso y dirigir la defensa o la acusación.